En una bonita zona residencial y rodeada de vegetación, se encuentra un edificio cuya comunidad de propietarios contrato un arrendamiento con Vodafone hace años.

Como en tantas comunidades por España, esta no se libró de los ataques y amenazas para obtener bajadas de renta. Por dos veces se dejaron bajar los dineros que reciben por la estación base que ocupa parte del jardín y de la azotea.

A raíz de una tercera intentona de Vodafone de bajar la renta, la Comunidad, harta ya de dejarse hacer, decidió buscar asesoramiento y ayuda para lidiar con una empresa y una situación que empezaban a ser insoportables.

En septiembre de 2015 se contrata a Solitel. Como es norma en nuestro proceder, lo primero que hicimos fue el informe técnico. Había que saber quiénes y qué había en este edificio y cuál era el grado de ajuste o desajuste entre lo instalado y lo pactado.

Se detectó un subarrendamiento a la operadora Movistar, legal. Se descubrieron tres incumplimientos leves y ninguno de gravedad suficiente como para ir de cara a la operadora a pedir explicaciones y forzar una negociación de subida de renta.

En el informe se incluyeron una serie de recomendaciones para el futuro tendentes a proteger lo que ya se tiene y poder aumentar la renta llegado el momento de negociación de la prórroga del contrato.